El 8 de noviembre de 2010 Marruecos atacó con vehículos blindados, agua caliente y armas de fuego el campamento de protesta instalado en Gdeim Izik, y llamado Campamento de la Dignidad. Más de 20.000 civiles saharauis habían levantado este campamento a las afueras de El Aaiún para protestar pacíficamente contra su exclusión de los puestos de trabajo y de los servicios sociales básicos en los territorios saharauis ocupados por Marruecos. Tras prometer a los organizadores del campamento reconocer sus demandas sociales, el régimen marroquí sitió el campamento y disparó con armas de fuego a los saharauis que venían a sumarse a la protesta pacífica, provocando entre otras la muerte de un niño de catorce años, El Gargi Najem. Finalmente, Marruecos procedió a un desmantelamiento violento del campamento que dio comienzo a una represión brutal que continúa en la actualidad.
La incesante persecución y hostigamiento de la población saharaui y el férreo bloqueo informativo marroquí, condenado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y los principales medios de comunicación, han impedido conocer la cifra exacta de los muertos, los desaparecidos y los heridos saharauis desde el desmantelamiento del campamento de la Dignidad. Sin embargo, se sabe con certeza que en el desmantelamiento hubo miles de heridos saharauis que no pudieron ser atendidos, también heridos de bala y, en estos momentos, hay cientos de detenidos a los que todavía no se les ha acusado de nada. Human Rights Watch y Amnistía Internacional son las únicas asociaciones de Derechos Humanos a las que el régimen marroquí ha permitido entrar en los territorios ocupados. HRW ha denunciado que “a muchos saharauis detenidos en El Aaiún, los han golpeado hasta dejarles inconscientes”, y advierte de que “los abusos continúan incluso en este momento”. Explica que “estamos hablando de casos graves de tortura” y que “a la mayoría de los detenidos que hemos visto, los tuvimos que entrevistar en sus casas porque no podían moverse, ni caminar, debido a la gravedad de las lesiones”. Han identificado decenas de casos de violaciones sexuales a las presas y afirman que las condiciones en las que Marruecos tiene a los detenidos son de extrema gravedad.
El 25 de noviembre, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre el Sahara Occidental. En esta resolución la UE, entre otras cosas: 1) condena los violentos incidentes provocados por la intervención marroquí en El Aaiún; 2) lamenta los ataques a la libertad de prensa y pide a Marruecos que cese el bloqueo informativo sobre el Sahara Occidental; 3) expresa su preocupación por la detención y acoso a defensores saharauis de los derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental y pide que los defensores de los derechos humanos encarcelados en el territorio o en Marruecos sean tratados con arreglo a las normas internacionales y que tengan un juicio rápido y justo; y 4) pide a la UE que inste al Reino de Marruecos a que acate el Derecho internacional en lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental. El Gobierno de España, potencia administradora del territorio, ya no tiene más excusas.
En este contexto, la vergonzosa actitud del gobierno español se ha reafirmado con la “condena” que se ha aprobado en el Parlamento Español, casi por mayoría y que tan solo condena la violencia, en general, producida en El Aaiún. Con esto, España se convierte en cómplice de esta brutal represión y ocultamiento que está ejerciendo, particularmente, la dictadura marroquí. Trinidad Jiménez considera que la protección de supuestos “intereses nacionales”, refiriéndose a las multinacionales españolas, y el control de nuestras fronteras europeas por Marruecos están por encima de cualquier consideración de derechos humanos. Como ciudadanos de un país que tiene una responsabilidad histórica con respecto a su antigua colonia del Sáhara, no nos sentimos representados por nuestro Gobierno y reclamamos que abandone la indiferencia que permite la impunidad marroquí. Exigimos una condena clara, por parte de nuestro Gobierno, hacia las graves violaciones de DDHH que Marruecos está cometiendo contra la población saharaui de los territorios ocupados, ya que, según el Derecho Internacional, España continúa siendo la potencia administradora del territorio saharaui, aún en vías de descolonización. El Estado español lleva a cabo una política neocolonial en Marruecos y expolia ilegalmente los recursos naturales de los territorios saharauis ocupados. Por ello, reclamamos que renuncie a sus acuerdos ilegales con Marruecos para pescar en las aguas saharauis. Finalmente, exigimos que se cumpla con la legislación internacional en materia de descolonización y que los saharauis puedan tener el referéndum de autodeterminación tantas veces prometido por la ONU y postergado. Sólo así podrá evitarse la vuelta a la guerra en el Sáhara Occidental.
Firman: grupo de estudiantes La Gatera
